Exmagistrada dice que firmó bajo presión la inhabilitación de Machado; su partido exige anularla

Barbara Cesar Siero, quien fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela entre diciembre de 2014 y febrero de 2024, aseguró a la AFP que fue forzada a firmar la decisión que impidió a María Corina Machado competir en las elecciones presidenciales de 2024. La información fue divulgada por RFI con base en esa agencia. Por ahora el relato proviene de una sola fuente, la propia exmagistrada.

Según su testimonio, dos de sus hermanos y su cuñada, militares, fueron detenidos en diciembre de 2023 para presionarla. Las presiones comenzaron el 15 de diciembre de ese año, fecha en que vencía el plazo para presentar recursos sobre habilitaciones o inhabilitaciones ante la sala del TSJ en la que ella trabajaba. Recordó que la última en presentar su demanda fue Machado, con su abogado.

"A la semana siguiente me llevaron nueve sentencias para que las firmara porque no hubo audiencias, no escuchamos a las partes", relató. Pensó que, si cedía, sus familiares serían liberados. "Incluso hasta firmé y se quedaron con ellos", afirmó. Cesar Siero renunció en 2024 y dijo que la captura de Nicolás Maduro y la situación actual del país le dieron valor para hablar.

Tras conocerse sus declaraciones, Vente Venezuela, el partido de Machado, premio Nobel de Paz, exigió que la inhabilitación sea levantada "DE INMEDIATO". Sostuvo que la medida fue "ilegal desde su origen" y que castigar a familiares para quebrar la voluntad de una persona muestra "hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo".

Machado había ganado por amplio margen las primarias opositoras de 2023, pero no pudo inscribirse y designó como reemplazo a Edmundo González Urrutia. Maduro, hoy depuesto, fue proclamado ganador de aquellos comicios, que la oposición denunció como fraude y que gran parte de la comunidad internacional no reconoció.

Según la exmagistrada, uno de sus hermanos sigue detenido, mientras que el otro y su cuñada están en libertad bajo control judicial. Los textos consultados no recogen una respuesta de las autoridades venezolanas ni un pronunciamiento oficial sobre el levantamiento de la inhabilitación, que es el dato pendiente a seguir. Para Colombia, por su cercanía y sus vínculos con Venezuela, lo que ocurra con la situación política y judicial del país vecino sigue siendo un asunto de interés regional.