JEP condena a 6 años y 3 meses al coronel (r) Juan Carlos Figueroa por 38 asesinatos del Batallón La Popa en Valledupar

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves 22 de octubre al coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería n.º 2 La Popa, con sede en Valledupar, a seis años y tres meses (75 meses) de privación de la libertad. Es una sanción alternativa que deberá cumplir en un establecimiento de reclusión especial. La decisión se anunció en una audiencia en Valledupar, con ponencia del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, quien explicó que el expediente reunió más de 9.900 pruebas.

La JEP lo halló responsable como superior por 24 hechos en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como muertas en combate entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, durante su comandancia. Trece de las víctimas fueron desaparecidas de manera forzada y nueve fueron torturadas. Según el tribunal, la mayoría pertenecían a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo. La sentencia describe tres modalidades: coordinación con grupos paramilitares, engaños a civiles vulnerables con falsas ofertas de trabajo y ejecución de personas que ya estaban fuera de combate.

Figueroa fue imputado en 2021 dentro del caso 03 y durante buena parte del proceso negó haber dado órdenes criminales. El 27 de enero de 2026, en la audiencia preparatoria del juicio, aceptó los cargos de la Unidad de Investigación y Acusación. Ese reconocimiento tardío permite una sanción de cinco a ocho años; si nunca hubiera reconocido y fuera hallado responsable, la pena podría llegar a 20 años, explicó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Es la segunda sentencia de este tipo: la primera fue para el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán, en el subcaso Casanare. Por estos mismos hechos ya reconocieron responsabilidad 25 comparecientes, entre ellos tres generales en retiro.

En la audiencia restaurativa del 27 y 28 de agosto en Valledupar, Figueroa leyó los nombres de las 38 víctimas y pidió perdón. "La pregunta que debo responder no es solamente qué ordené", dijo, según citó la JEP. También afirmó que las víctimas "no eran combatientes" y que sus vidas "fueron convertidas injustamente en cifras".

La sentencia le impone 11 obligaciones: entregar diarios operacionales y documentos, reconocer en los territorios que las víctimas no pertenecían a grupos armados, aportar información sobre otros posibles responsables, participar en encuentros de verdad, ayudar a buscar a los desaparecidos, asistir a actos de memoria en Valledupar, entregar su rango, medallas y escudo de armas, y cumplir una ruta concertada con los pueblos wiwa y kankuamo. También ordena a la Unidad para las Víctimas, a la Unidad de Búsqueda y a Medicina Legal reforzar la reparación y la identificación de las personas desaparecidas.

Las familias, acompañadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, calificaron el fallo como "un avance en nuestra lucha contra la impunidad", pero advirtieron que "la verdad sigue incompleta". Karen Margarita Castro Aguirre, hermana de un desaparecido, aseguró, según Pulzo, que esperaban la pena máxima de ocho años. Las víctimas rechazaron recibir las medallas porque, según dijeron, ese gesto por sí solo no repara.

Lo que sigue es la verificación del cumplimiento de la sanción y de las obligaciones, entre ellas un plazo de 60 días para entregar información clave pedida por el tribunal. Desde Ajá Guajira acompañamos a las familias del Cesar y de los pueblos de la Sierra Nevada que llevan más de 20 años reclamando verdad y el buen nombre de sus seres queridos. Visibilizar lo malo también es una forma de acabar con ello.