Panamá pide perdón a víctimas del dietilenglicol, 20 años después del envenenamiento masivo

La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá pidió perdón públicamente a las víctimas y familiares del envenenamiento masivo con dietilenglicol, ocurrido en 2006, según informó Infobae América. El director general de la entidad, Dino Mon Vásquez, lo hizo en un comunicado divulgado el viernes 23 de octubre.

“En nombre de la Caja de Seguro Social, les pido perdón”, expresó Mon, quien reconoció que ninguna disculpa devuelve las vidas perdidas ni la salud de quienes aún sufren las consecuencias. El pronunciamiento responde a una sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 27 de julio de 2026, que obligó a la institución a ofrecer disculpas. Mon afirmó que el gesto va más allá de una orden judicial y lo describió como una deuda moral con las familias.

Según el medio, una sustancia tóxica procedente de China fue comercializada como glicerina de uso farmacéutico tras pasar por intermediarios internacionales. Esa materia prima llegó a los laboratorios de la CSS y se usó para elaborar medicamentos, entre ellos un jarabe expectorante entregado a pacientes de la seguridad social. En octubre de 2006 las autoridades detectaron dietilenglicol, un compuesto industrial altamente tóxico. Muchos pacientes sufrieron insuficiencia renal aguda y alteraciones neurológicas, y otros murieron. La crisis dejó en evidencia graves fallas en los controles de calidad.

Sobre el número de víctimas, Infobae recuerda que estimaciones históricas hablaban de unas 800 muertes hasta 2010, pero aclara que no es un balance oficial actualizado a octubre de 2026. Las diferencias entre registros se explican, en parte, por los procesos de identificación y certificación de las víctimas. Los sobrevivientes arrastran daños renales, trastornos neurológicos y otras complicaciones que exigen vigilancia médica prolongada. En agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo confirmó denuncias de afectados por falta de medicamentos y demoras en las citas.

La CSS asegura que las víctimas acreditadas tienen pensiones vitalicias y atención en el Centro Especial de Toxicología, con seguimiento de los órganos afectados, tratamientos y cobertura de insumos. Mon sostuvo que esa atención es una obligación institucional, sin importar los cambios de administración. En lo penal, un tribunal dictó sentencia en julio de 2016 con condenas y absolsiones que luego se modificaron por recursos. En 2017 la justicia elevó a 15 años de prisión las penas de Ángel de la Cruz, Edward Taylor y Miguel Algandona. Los familiares siguen reclamando responsabilidades.

El caso sigue siendo una referencia en América Latina sobre la importancia de vigilar la calidad de los insumos con que se fabrican los medicamentos. Por ahora la información proviene de un solo medio, por lo que falta contrastarla con otras fuentes, así como conocer una cifra oficial actualizada de víctimas.