UE rechaza sanciones de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional y promete medidas para protegerla

La Unión Europea calificó este viernes 9 de octubre de "profundamente lamentable" la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). Según Semana, que cita información de agencias internacionales, el bloque dijo estar dispuesto a adoptar las medidas necesarias para que el tribunal pueda seguir cumpliendo sus funciones. El caso se reporta por ahora en una sola fuente y está en verificación.

Según esa información, las sanciones buscan limitar las operaciones de la Corte y su acceso a servicios financieros y tecnológicos estadounidenses. Representan una ampliación de las acciones de la administración de Donald Trump contra la institución, que Washington ha cuestionado por sus investigaciones, en especial las que involucran a ciudadanos estadounidenses y a dirigentes israelíes.

La CPI, con sede en La Haya, rechazó las medidas en un comunicado del 9 de octubre. Advirtió que son un intento de obstaculizar la administración de justicia e interferir en una institución independiente creada por un tratado internacional. Su presidenta, Tomoko Akane, aseguró que el tribunal seguirá cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad y pidió respaldo a los Estados que lo integran.

Según un mensaje de Diario La República en X, la vicepresidenta de la UE, Kaja Kallas, habló con Akane tras el anuncio. Kallas señaló que el plazo de seis meses antes de que las sanciones se apliquen deja espacio para negociar, y reafirmó el apoyo europeo a la Corte.

El episodio tiene antecedentes. Las nuevas restricciones se suman a sanciones impuestas en los últimos meses contra jueces y funcionarios del tribunal. En septiembre, la UE ya había rechazado las medidas contra Akane y el abogado principal de juicios, Abdoulaye Seye. Estados Unidos no es parte de la CPI, que cuenta con 125 Estados parte y juzga genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

Bruselas contempla herramientas jurídicas, como el llamado estatuto de bloqueo, que limitaría los efectos de sanciones impuestas por terceros países. Sin embargo, el desafío es convertir el respaldo diplomático en protección efectiva, pues la aplicación de las sanciones podría afectar a proveedores, trabajadores y servicios esenciales del tribunal. Falta por conocer el alcance concreto de las medidas y cómo responderá la UE durante el plazo de seis meses.