Gobierno expide por decreto el Presupuesto 2027 de $634,9 billones tras error de trámite en el Congreso

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció que expide por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027, por $634,9 billones, luego de que el Congreso no lograra cerrar a tiempo el trámite del proyecto. El anuncio lo hicieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en un video difundido por la Presidencia de la República el miércoles 21 de octubre.

La razón, según el Gobierno, es que Cámara y Senado aprobaron versiones distintas del artículo 65 del proyecto, que regula las coberturas financieras ante variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y el dólar, y no alcanzaron a conciliarlas antes del plazo legal del 20 de octubre. “El Gobierno Nacional aclara que el Presupuesto General de la Nación no fue hundido ni rechazado por el Congreso”, dijo Restrepo. El vicepresidente añadió que se trata del “presupuesto de la verdad”.

Para expedirlo, el Ejecutivo se apoya en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que permite que rija el proyecto presentado por el Gobierno con las modificaciones aprobadas en primer debate por las comisiones económicas conjuntas. De acuerdo con El Colombiano, los $634,9 billones se reparten así: $392,6 billones para funcionamiento, $155 billones para el servicio de la deuda y $86 billones para inversión.

La decisión tiene un costo: quedan por fuera los cambios introducidos después del primer debate. Según la congresista Jennifer Pedraza, citada por El Colombiano, se caerían $3 billones para el aseguramiento en salud, $3 billones para subsidios de energía y gas y $100.000 millones para tasas del Icetex. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que “los errores de trámite también tienen un costo fiscal”.

La otra versión llegó desde la oposición. El senador David Racero, del Pacto Histórico, anunció que demandará el decreto porque, a su juicio, no fue aprobado como ley en plenarias y contiene facultades que “solo el Congreso puede aprobar”. Lo calificó de “ilegal”. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo advirtió del riesgo de que la Corte Constitucional lo declare inexequible, mientras que el presidente de Anif, José Ignacio López, reconoció que “hubo un error procedimental”.

Lo que sigue: el decreto regirá desde el 1 de enero de 2027, mientras el Gobierno prepara una “Ley de Rescate” para recuperar parte de las partidas que se cayeron y la oposición alista acciones judiciales. El debate sobre su legalidad apenas comienza y podría terminar en el Consejo de Estado o en la Corte Constitucional.