Ley de sometimiento pasa el primer debate: rebajas de hasta 50% y fin de la 'paz total'

Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara aprobaron en primer debate, la noche del miércoles 21 de octubre, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según La Silla Vacía, la votación fue de 21 votos por el sí y 1 por el no en el Senado, y de 21 por el sí y 10 por el no en la Cámara. La discusión se extendió por más de diez horas y se negaron las ponencias de archivo presentadas por la oposición.

El proyecto, que llegó con 27 artículos, reemplaza la política de 'paz total' por una oferta de sometimiento "a la Constitución y a la ley" dirigida a actores armados ilegales, sin reconocimiento político. Contempla rebajas de pena de hasta 30% para cabecillas o personas con mando y de hasta 50% para los demás integrantes. Las penas se pagarían en cárceles ordinarias, sin centros de reclusión especiales, y la libertad condicional exigiría cumplir cuatro quintas partes de la condena.

Para acceder a beneficios, quienes se sometan deberán entregar armas, bienes de origen ilícito e información sobre rutas del narcotráfico, desapariciones, secuestros y posibles nexos con la corrupción. El texto no prevé suspender órdenes de captura ni solicitudes de extradición. En el debate se añadieron artículos para proteger la identidad de las víctimas, garantizar su representación a través de la Defensoría del Pueblo y precisar que los beneficios no levantan las inhabilidades para cargos de elección popular.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió la iniciativa: "Esta ley, desde ningún punto de vista, es un escenario de impunidad". En su intervención añadió que "habrá investigación efectiva de todos los delitos" y que quienes quieran beneficios "tendrán que entregar toda la información, todos los bienes". El ponente Daniel Briceño (Centro Democrático) afirmó: "Este proyecto es el fin de la 'paz total' de Petro".

La otra versión: la senadora Carolina Corcho (Pacto Histórico) sostuvo que la ley "busca darles gigantescos beneficios penales a narcos, lavadores de activos y testaferros". El expresidente Gustavo Petro escribió en X que "se ha presentado un proyecto de impunidad a testaferros y financiadores del narcotráfico". Cancino respondió que no se busca "lavar la cara de nadie" y que la lista de bienes será verificada por la Fiscalía.

Lo que sigue: el proyecto pasa a las plenarias del Senado y la Cámara, que deben aprobarlo antes del 5 de noviembre, porque también prorroga la llamada ley de orden público. El trámite coincidió con la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior; mientras se posesiona Alejandro Ordóñez, Cancino quedó encargado de esa cartera.