Trabajadores de los hoteles Taroa y Gimaura, en Riohacha, denuncian cuatro meses sin sueldo; la empresa suspendió sus contratos

Los trabajadores de los hoteles Taroa y Gimaura, en Riohacha, completan cinco días en cese de actividades para exigir el pago de salarios y prestaciones atrasadas. Según denunciaron, la administración les debe hasta cuatro meses de sueldo, además de tres pagos de cesantías y la dotación de los últimos dos años. La protesta comenzó el lunes 19 de octubre en la recepción del Hotel Taroa, ubicado en la avenida Primera, entre carreras 4 y 5, frente al mar.

Ambos establecimientos, que suman unas 110 habitaciones, son administrados por la empresa International Hotel Alliance S.A.S. El Taroa está bajo un depositario provisional: de acuerdo con antecedentes públicos citados por Guajira News, en 2019 fue objeto de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro dentro de un proceso de extinción de dominio relacionado con una investigación por el manejo de recursos públicos destinados a obras educativas en La Guajira. Según El Pulso Caribe, el inmueble estuvo vinculado al fallecido Samuel Alarcón y a la sociedad Ávila Limitada.

El martes 20 de octubre un inspector del Ministerio del Trabajo verificó el cese de actividades. Al día siguiente, la empresa comunicó la suspensión temporal de los contratos, alegando fuerza mayor por la paralización del área operativa. Antes, los empleados habían denunciado que el director financiero les advirtió que los contratos podrían suspenderse si continuaban con la protesta.

La otra versión la dio Geovany Galvis, directivo pagador de la administración, quien explicó a La Guajira Hoy que la situación responde a dificultades financieras acumuladas: «Hay una imposibilidad de liquidez». Según él, la ocupación de los hoteles está por debajo del 20 %, cuando el punto de equilibrio ronda el 45 %. Aseguró que no hubo despidos sino suspensión de contratos, que se mantendrán los aportes a seguridad social y que más adelante se informarán las condiciones de reincorporación. También dijo que la empresa adelanta conversaciones con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para buscar alternativas.

Los trabajadores, por su parte, denuncian que mientras sus contratos están suspendidos se estaría contratando personal externo pagado por días, y se declaran insatisfechos con la gestión del Ministerio del Trabajo en La Guajira y con las respuestas recibidas de la SAE. «Hemos hecho todo por las vías legales y aun así sentimos que nuestros derechos siguen siendo vulnerados», dijo uno de ellos.

Los empleados piden que las autoridades intervengan, que la administración explique cuándo pagará lo adeudado, que aclare el futuro de los contratos y que se abra un canal de diálogo sin represalias. Hasta este viernes no se conocía un acuerdo ni una fecha de pago. El caso queda bajo la mirada del Ministerio del Trabajo y de la SAE, entidad que administra los bienes en procesos de extinción de dominio.